Implementamos para usted los recursos, demandas o juicios de Amparo en contra de los actos de autoridad que le afecten en su persona, patrimonio o derechos. Estos recursos jurídicos se promueven ante los Tribunales competentes que le otorgarán las medidas necesarias para salvaguardar sus derechos.
Recursos Administrativos ante la propia autoridad.
Estos recursos se implementan ante la propia autoridad que emite los actos de molestia. Estos dado su naturaleza no implican la realización de una función jurisdiccional en tanto que para su resolución no existe un órgano independiente ante el que se dirima la controversia.
En estos recursos administrativos se reclama la ilegalidad ante la propia autoridad que emite el acto de molestia.En la mayoría de los casos son optativos, y tienen su sustento legal en la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Juicios ante los Tribunales Federales y Estatales en Materia Administrativa
Los juicios que se promuevan ante los Tribunales en materia Administrativa procederán cuando el particular se duela de los actos y resoluciones definitivas pronunciadas por una autoridad, mismas que le causen un perjuicio a su persona, patrimonio o derechos.
Los Tribunales en materia Administrativa están dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y tienen a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración pública y los particulares.
Así mismo estos tribunales son los competentes para declarar las responsabilidades administrativas y fijar el pago de las indemnizaciones o la restitución de sus derechos.
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Juicio de Amparo
El juicio de amparo es esta previsto por nuestra Constitución Federal para que los gobernados puedan proteger sus garantías individuales y derechos humanos de las violaciones en que incurran las autoridades.
Este medio de defensa debe otorgar a los ciudadanos una protección fácil y accesible para proteger sus derechos más fundamentales, como lo son las garantías individuales y los derechos humanos.
Por lo tanto el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos y las garantías otorgadas por nuestra Constitución y por los tratados internacionales de aplicación a cada caso.
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